La Justicia desestimó la denuncia penal vinculada a la obra del Hotel Grand Brizo

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata resolvió archivar las actuaciones tras considerar acreditada la ejecución de los trabajos cuestionados, en base a la documentación aportada por la Caja de Médicos.

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires informó que la justicia resolvió desestimar la denuncia penal promovida por la Dra. Zulma Adriana Fernández y otros, en el marco de una investigación vinculada a la construcción del inmueble ubicado en calle 51 esquina 9 de la ciudad de La Plata, propiedad de la Institución y actualmente explotado como “Hotel Grand Brizo”.

Según se indicó, la Caja tomó conocimiento de la denuncia durante el mes de marzo del corriente año a través de publicaciones periodísticas, tras lo cual el Directorio por medio de su presidente Dr. Héctor Sainz, resolvió presentarse espontáneamente ante la justicia.

En dicha presentación, la Institución acompañó la totalidad de los informes elaborados por las empresas auditoras intervinientes en la obra, documentación que supera las 1.000 fojas y comprende más de 100 informes, en los que se detalla el avance y estado de ejecución del proyecto en todas sus etapas, según informó la Caja en un comunicado.

De acuerdo con lo resuelto por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial La Plata, con fecha 7 de abril de 2026, la prueba aportada permitió descartar los hechos denunciados, disponiéndose en consecuencia la desestimación de la denuncia (IPP N° PP-06-00-010919-26/00) y el archivo de las actuaciones.

Desde la Institución destacaron la «importancia de haber colaborado activamente con la justicia, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los recursos».

Repudian actos vandálicos en el mástil de la Plaza Mitre de 25 de Mayo

La Municipalidad de 25 de Mayo expresó su enérgico repudio ante un acto vandálico registrado en el mástil de la Plaza Mitre, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Según informaron desde el gobierno local, el daño fue detectado en las primeras horas del día y representa un ataque directo a un símbolo central del distrito y a la identidad de la comunidad.

En ese sentido, remarcaron que este tipo de hechos afecta el trabajo cotidiano que se realiza para preservar y poner en valor los espacios públicos, fundamentales para la vida social de los vecinos.

La Plaza Mitre es considerada el principal punto de encuentro de los habitantes de la ciudad, por lo que su cuidado y mantenimiento requieren del compromiso colectivo.

Desde el municipio insistieron en la necesidad de fortalecer la responsabilidad ciudadana, recordando que el patrimonio público no pertenece a una gestión, sino a todos los vecinos.

Finalmente, reiteraron el llamado a la comunidad para cuidar los espacios comunes y denunciar cualquier hecho que atente contra el patrimonio local.

La Caja de la Abogacía bonaerense actualiza jubilaciones y pensiones

Los haberes previsionales tendrán incrementos escalonados durante 2026. La jubilación básica alcanzará los $900.000 en marzo y llegará al millón de pesos en julio.

La Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires anunció una actualización en los haberes previsionales que impactará en jubilaciones y pensiones a lo largo de 2026, con incrementos que se aplicarán en dos tramos.

A partir de los haberes correspondientes a marzo de 2026 —a percibir el 31 de ese mes—, la jubilación básica normal se elevará a $900.000, mientras que las pensiones alcanzarán los $675.000.

En tanto, desde julio de 2026 se aplicará un nuevo aumento que llevará la jubilación básica a $1.000.000 y las pensiones a $750.000, consolidando así una suba progresiva durante el año.

Desde la entidad también informaron que, para el cálculo del complemento por mayores aportes, se fijó el valor del punto en $900 a partir del 1° de marzo de 2026.

Cabe recordar que el monto básico de la jubilación ordinaria corresponde a aquellos profesionales que hayan cumplido con la totalidad de los aportes al 100%, mientras que las pensiones representan el 75% del haber jubilatorio que percibía —o le hubiera correspondido percibir— el afiliado causante.

Con esta actualización, la Caja busca adecuar los ingresos previsionales de los profesionales del derecho en un contexto económico desafiante, garantizando el sostenimiento del sistema y el poder adquisitivo de sus beneficiarios.

Alerta por casos de salmonella en La Plata: cómo prevenir intoxicaciones alimentarias

Tras el reciente caso de intoxicación por salmonella vinculado al consumo de alimentos elaborados en un comercio de La Plata —que dejó un fallecido y al menos un nuevo caso confirmado, crece la preocupación por la seguridad alimentaria y la correcta manipulación de los alimentos.

En este contexto, la directora técnica de Laboratorio Lister (www.lablister.com.ar), Marina Carballo, brindó una serie de recomendaciones claves para prevenir este tipo de infecciones, que suelen estar asociadas al consumo de alimentos contaminados, poniendo especial atención en este caso a aquellos que contienen huevo crudo o mal cocido.

“La salmonella es una bacteria que puede evitarse con prácticas simples pero fundamentales en la manipulación y conservación de alimentos”, explicó Carballo.

Entre las principales claves para prevenir la salmonella se destacan:

• Cocción completa de los alimentos: evitar preparaciones con huevo crudo o poco cocido, como tortillas “babé”, una de las principales vías de contagio en casos recientes.

• Higiene estricta: lavar correctamente manos, utensilios y superficies antes y después de manipular alimentos.

• Conservación adecuada: mantener la cadena de frío y no consumir productos que hayan permanecido mucho tiempo a temperatura ambiente.

• Control de materias primas: verificar la procedencia y estado de los alimentos, especialmente huevos, carnes y lácteos.

• Evitar la contaminación cruzada: no mezclar alimentos crudos con cocidos.
Carballo subrayó que “muchas veces los brotes se originan por fallas en controles de buenas prácticas de manipulación de alimentos que pueden detectarse con controles microbiológicos adecuados”.

El laboratorio cumple un rol clave en ese sentido. desde Laboratorio Lister (www.lablister.com.ar) remarcan la importancia de realizar controles microbiológicos periódicos, tanto en la industria alimentaria como en comercios gastronómicos.

“Los análisis permiten detectar bacterias como salmonella antes de que el alimento llegue al consumidor, evitando riesgos sanitarios y consecuencias graves”, explicó la especialista.

Laboratorio Lister ofrece estudios específicos para la detección de patógenos, control de calidad de alimentos y validación de procesos de higiene, herramientas fundamentales para garantizar la inocuidad alimentaria.

Mientras avanza la investigación sobre los casos en La Plata, los especialistas coinciden en un mensaje claro: la prevención, el control y el análisis son claves para evitar nuevas infecciones o intoxicaciones alimentarias.

LA FAM LANZA UN DURO DOCUMENTO CONTRA LA GUERRA Y PRESIONA AL CONGRESO PARA FIJAR POSICIÓN

Intendentes de todo el país advirtieron sobre los riesgos de involucrar a la Argentina en el conflicto con Irán y exigieron un pronunciamiento explícito de diputados y senadores. También pidieron que la sociedad civil se movilice en defensa de la paz.

En un comunicado de fuerte tono político e institucional, la Federación Argentina de Municipios (FAM) fijó una posición categórica frente al escenario internacional y rechazó cualquier intento de involucrar a la Argentina en una eventual escalada bélica vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Bajo la consigna “Argentina no va a la guerra. Somos territorio de paz”, los intendentes encendieron una señal de alerta y llamaron a una reacción inmediata de todo el sistema político.

El documento sostiene que el país “no tiene participación, responsabilidad ni vinculación directa” con las tensiones en Medio Oriente y advierte que un alineamiento automático implicaría “una desviación de la tradición diplomática” y un riesgo para la soberanía nacional. En esa línea, cuestiona la instalación de una “narrativa de amenaza inminente” que, según remarcan, no se corresponde con los hechos.

Pero el punto más contundente del pronunciamiento apunta directamente al rol institucional del Parlamento. La FAM recordó que, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso de la Nación Argentina el único órgano con facultad para autorizar una eventual declaración de guerra, y exigió que diputados y senadores “expresen con claridad su compromiso con la paz”.

El presidente de la FAM, Fernando Espinoza, fue categórico: “La Argentina no puede ni debe ser arrastrada a una guerra que le es completamente ajena. Nuestra historia, nuestra Constitución y nuestra responsabilidad con el pueblo nos obligan a defender la paz sin especulaciones”.

En paralelo, el secretario ejecutivo de la entidad, Juan Matteo, reforzó la presión política sobre el Congreso: “Cada dirigente tiene que decir con nombre y apellido de qué lado está: si del lado de la paz o de la guerra. No hay margen para la ambigüedad en un tema de esta gravedad”.

La ofensiva no se limita al plano legislativo. El comunicado convoca también a gobernadores, legislaturas provinciales y a todos los sectores de la vida democrática a pronunciarse. En particular, menciona al sector empresario, a las organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), a los movimientos sociales, partidos políticos e instituciones religiosas.

El objetivo, explican, es construir una postura transversal que refuerce la histórica tradición argentina de resolución pacífica de los conflictos y consolide a América Latina como zona de paz. “Es una responsabilidad colectiva evitar que el país sea arrastrado a disputas externas que no le pertenecen”, subraya el texto.

En un contexto internacional volátil, la movida de la FAM introduce presión política interna y abre un nuevo frente de debate. La discusión ya no pasa solo por la política exterior, sino también por el posicionamiento concreto de cada actor institucional frente a un eventual escenario de guerra.

La Justicia dispuso la libertad de los padres de la beba fallecida en La Plata, mientras la investigación continúa

En una reciente medida judicial, se dispuso la libertad de Jimena Vieras y Miguel Ángel Allende, en el marco de la causa que investiga la muerte de su pequeña hija, ocurrida a comienzos de febrero tras su ingreso al Hospital Gutiérrez de La Plata.

La medida fue adoptada a pedido del propio Ministerio Público Fiscal, en función de lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Según se explicó, el Dr. Almirón, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, tras la incorporación de nuevas medidas de prueba —entre ellas una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de la declaración de las médicas que atendieron a la niña— no se contaban con pruebas suficientes para solicitar la prisión preventiva de los imputados.

En ese contexto, la normativa vigente establece que corresponde disponer la libertad.

Desde la defensa, liderada por el abogado Gonzalo Escaray, remarcaron que la decisión judicial es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados.

“La investigación continúa y nuestros asistidos permanecerán a disposición de la Justicia, colaborando con todas las diligencias que se dispongan”, señalaron como postura oficial.

El caso generó una fuerte conmoción en la región luego de que la beba ingresara en grave estado al Hospital Gutiérrez y falleciera horas más tarde. En un primer momento, los padres habían sido detenidos en su vivienda de Villa Catella, Ensenada, acusados del delito de “abandono de persona seguido de muerte”.

Con la nueva resolución judicial, ambos recuperaron la libertad, aunque el proceso penal sigue en curso y bajo análisis de la fiscalía interviniente.

Vuelve un histórico sorteo para los platenses

La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias informó el regreso de una de las tradiciones más queridas de la ciudad: el gran sorteo de un automóvil cero kilómetro, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 horas en Plaza Moreno, con un evento presencial que promete emoción, música y celebración comunitaria.

Desde el13 de diciembre, los visitantes del Centro Comercial de Calle 12 ya pueden solicitar sus bonos en los comercios asociados, con cada compra realizada. Estos bonos son la llave para participar de este acontecimiento.

El día del sorteo, Plaza Moreno se transformará en un escenario de encuentro y celebración.

Habrá shows en vivo, propuestas culturales y un clima festivo que acompañará la expectativa del momento central: el anuncio del ganador del automóvil.

La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias invita a toda la comunidad a ser parte de este regreso histórico. Porque más allá del premio, lo que se celebra es la continuidad de una tradición que une a vecinos, comerciantes y familias en un mismo abrazo de identidad y pertenencia.

📣 Vuelve la tradición a Calle 12
🎉 Después de 20 años, el histórico sorteo de un OKM regresa a La Plata.
🚗 Este 5 de enero, a las 21 hs en Plaza Moreno, podés ser el ganador de un Renault Kwid.
👉 Desde este sábado 13 de diciembre, con la compra en los comercios asociados, pedí el bono y participá.
✨ Habrá shows en vivo, fiesta y toda la emoción de un evento que vuelve a unir a la Región.

REPROCANN: cuando la burocracia Reemplaza las necesidades humanas básicas e indispensables

Nota de Opinión
Por Magalí Ledesma

En los últimos días, el REPROCANN incorporó nuevas funciones: un botón para anular trámites, un módulo específico para organizaciones solidarias, supuestas mejoras en la carga documental y promesas de que, si todo está “en regla”, las autorizaciones podrían resolverse en apenas quince días. La narrativa oficial sugiere modernización, agilidad y la tan esperada “normalización” del sistema.

Sin embargo, detrás de estos cambios hay una pregunta que sigue sin responderse: ¿estas medidas acercan a las personas al tratamiento que necesitan o siguen siendo una carrera de obstáculos para quienes dependen del cannabis medicinal para vivir con menos dolor?

Si hablamos desde una perspectiva de salud pública —la única honesta cuando tratamos el acceso a tratamientos esenciales— la respuesta es evidente: los anuncios no resuelven el problema de fondo. El REPROCANN continúa atrapado en una lógica burocrática, más preocupada por ejercer un poder de policía que por cuidar. Una política que prioriza papeles antes que personas no simplifica el acceso: lo deteriora.

El sistema sigue exigiendo requisitos engorrosos: documentación compleja, cargas online que fallan, informes semestrales para ONG y nuevas exigencias para médicos prescriptores, que dejan a miles de pacientes “colgados” esperando renovación. Todo esto en un contexto donde hay cerca de 100.000 personas en lista de espera y un número insuficiente de profesionales habilitados para prescribir.

Lo que se presenta como “mejora administrativa” funciona, en la práctica, como un filtro: sólo accede quien puede navegar la complejidad técnica, pagar consultas privadas, encontrar un profesional habilitado y sostener reiterados trámites sin perder continuidad terapéutica.

Eso no es una política de salud: es un mecanismo extorsivo de exclusión. Cada requisito adicional, cada trámite que se traba, cada documento que falta, es un día más sin alivio para quienes dependen del cannabis medicinal. Eso es exactamente lo que un Estado debe evitar: los daños que tiene la obligación de reducir.

El problema no es la regulación en sí, sino la forma en que se implementa. Son impostergables políticas accesibles, flexibles, adaptadas a las realidades de las personas y orientadas a minimizar riesgos, no a ampliarlos. La política pública actual se sostiene sobre un paradigma de sospecha:

● sospecha sobre pacientes
● sospecha sobre ONG
● sospecha sobre cultivadores solidarios
● sospecha incluso sobre médicos que prescriben

Esa desconfianza se traduce en controles documentales, verificaciones rígidas y procesos que pueden demorar meses. Pero la enfermedad no espera.

El dolor no espera. La ansiedad, las convulsiones, el insomnio, los espasmos y todas las condiciones para las que el cannabis representa alivio no esperan a que un expediente se resuelva. Cuando el Estado demora el acceso, no solo incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud: también empuja a muchas personas a la clandestinidad. Más riesgos, más incertidumbre, más vulnerabilidad. Lo contrario de lo que una política pública responsable debería promover.


Es necesario cambiar el enfoque, no solo el software

La discusión no es técnica: es ética y política. Si la prioridad real es la salud de las personas, entonces es indispensable:

● habilitar autorizaciones provisorias automáticas mientras los trámites están en proceso
● simplificar formularios y reducir documentación
● ampliar la red de profesionales habilitados y difundirla públicamente
● ofrecer asistencia técnica y plazos realistas para ONG y cultivadores solidarios
● garantizar que nadie sea criminalizado durante la espera de la renovación
● publicar métricas claras sobre accesibilidad y tiempos reales de aprobación

Recién ahí podríamos hablar de una política de cannabis medicinal que respeta derechos y se alinea con el paradigma de reducción de riesgos y daños.


Lo que está en juego

El cannabis medicinal no es un capricho, un hobby ni un privilegio. Para miles de personas en Argentina es, sencillamente, una herramienta imprescindible. Negarles acceso efectivo —alargando trámites, achicando la lista de prescriptores, exigiendo controles imposibles— es vulnerar derechos humanos básicos y elementales.

La actualización del REPROCANN podrá mejorar la usabilidad para quienes ya están dentro del sistema, pero no modifica la raíz del problema: una ley de drogas obsoleta y punitivista. Una política pública que mira más la burocracia que el padecimiento; más los requisitos que la urgencia; más la vigilancia y la sospecha que el cuidado.

Si el Estado quiere realmente garantizar salud, calidad de vida y reducción de daños, debe abandonar la lógica burocrática, abrazar la lógica del acceso y avanzar hacia una reforma penal más justa en materia de estupefacientes.

Porque en lo que respecta al cannabis medicinal, cada barrera administrativa se traduce en dolor evitable. Y una política que produce dolor evitable no es eficaz: es cruel, criminalizadora e injusta.


Abogada penalista. Especialista en políticas de drogas. Integrante de Abogadas Penalistas La Plata.

Condena firme al hijo de Pappo: satisfacción de la defensa de la víctima que pide que vaya a prisión

Luciano Napolitano, hijo del guitarrista Norberto “Pappo” Napolitano, deberá cumplir con la pena de 3 años y 8 meses de prisión por violencia de género, lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad contra su ex pareja Mariel Oleiro.

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la Condena al hijo de Pappo. De esta forma, deberá cumplir con la pena de 3 años y 8 meses de prisión por violencia de género, lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad contra su ex pareja Mariel Oleiro.

Según el abogado defensor de la víctima, el penalista platense Gonzalo Pedro Escaray, “Este fallo confirma lo que venimos sosteniendo desde el primer día: Mariel dijo la verdad, sufrió violencia y la Justicia finalmente la escuchó. Se hizo justicia pese a todos los intentos de Luciano Napolitano y sus defensores por instalar la idea de una falsa denuncia, pretendiendo instalar además que la víctima era una mentirosa, manipuladora o interesada”.

“Hoy la verdad quedó acreditada con fuerza y de manera definitiva. El fallo es contundente y demuestra que no se puede desvirtuar un proceso judicial con contradicciones, versiones cambiantes ni estrategias que buscan desacreditar a la mujer que denuncia. La Corte evaluó toda la prueba en su conjunto, en el contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos, y marcó con claridad que la Cámara había aplicado criterios alejados de la perspectiva de género”.

En este sentido Escaray agregó que “Mariel soportó años de agresiones y un enorme desgaste emocional para llegar hasta acá. Que la condena esté firme es un acto de reparación y un mensaje claro: la violencia de género no admite relativizaciones y la voz de las víctimas debe ser escuchada y respetada.”

El derrotero procesal


Inicialmente Napolitano había sido absuelto, luego de firmar un juicio abreviado, por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, pero la Suprema Corte de Provincia luego del recurso interpuesto por el particular damnificado y la Fiscalía, revirtió esa sentencia y restableció la condena a 3 años y 8 meses de prisión por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas, privación ilegal de la libertad y tenencia ilegal de armas de guerra, todo en concurso real.

El máximo tribunal bonaerense sostuvo que la sentencia absolutoria de Cámara había incurrido en arbitrariedad, fragmentación probatoria y una incorrecta aplicación de los estándares de juzgamiento con perspectiva de género, omitiendo valorar pruebas contundentes como mensajes, testimonios, informes técnicos, intervenciones policiales y pericias que avalaban de forma consistente el relato de la víctima.

Tras ese fallo la defensa particular de Napolitano, presentó un nuevo recurso extraordinario federal para intentar llevar la discusión a la Corte Suprema de la Nación. Ese recurso fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en la Acordada 4/2007 del máximo tribunal nacional. Al no haber sido apelada esta denegatoria mediante queja, la condena quedó firme en todos sus términos. expediente en contra de Emiliano Juan Napolitano se inició en 2020 y tras varias idas y vueltas por diferentes etapas judiciales, La Corte Suprema confirmó de manera definitiva la condena, que ahora deberá resolverse cómo se hará efectiva. La defensa de Napolitano intentará una prisión domiciliaria, mientras que la defensa de la víctima procura que cumpla su condena en la cárcel.

Según el abogado defensor de la víctima, el penalista Gonzalo Pedro Escaray, “Este fallo confirma lo que venimos sosteniendo desde el primer día: Mariel dijo la verdad, sufrió violencia y la Justicia finalmente la escuchó. Se hizo justicia pese a todos los intentos de Luciano Napolitano y sus defensores por instalar la idea de una falsa denuncia, pretendiendo instalar además que la víctima era una mentirosa, manipuladora o interesada. Hoy la verdad quedó acreditada con fuerza y de manera definitiva. El fallo es contundente y demuestra que no se puede desvirtuar un proceso judicial con contradicciones, versiones cambiantes ni estrategias que buscan desacreditar a la mujer que denuncia. La Corte evaluó toda la prueba en su conjunto, en el contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos, y marcó con claridad que la Cámara había aplicado criterios alejados de la perspectiva de género”.

En este sentido Escaray agregó que “Mariel soportó años de agresiones y un enorme desgaste emocional para llegar hasta acá. Que la condena esté firme es un acto de reparación y un mensaje claro: la violencia de género no admite relativizaciones y la voz de las víctimas debe ser escuchada y respetada.”


Inicialmente Napolitano había sido absuelto, luego de firmar un juicio abreviado, por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, pero la Suprema Corte de Provincia luego del recurso interpuesto por el particular damnificado y la Fiscalía, revirtió esa sentencia y restableció la condena a 3 años y 8 meses de prisión por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas, privación ilegal de la libertad y tenencia ilegal de armas de guerra, todo en concurso real.
El máximo tribunal bonaerense sostuvo que la sentencia absolutoria de Cámara había incurrido en arbitrariedad, fragmentación probatoria y una incorrecta aplicación de los estándares de juzgamiento con perspectiva de género, omitiendo valorar pruebas contundentes como mensajes, testimonios, informes técnicos, intervenciones policiales y pericias que avalaban de forma consistente el relato de la víctima.

Tras ese fallo la defensa particular de Napolitano, presentó un nuevo recurso extraordinario federal para intentar llevar la discusión a la Corte Suprema de la Nación. Ese recurso fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en la Acordada 4/2007 del máximo tribunal nacional. Al no haber sido apelada esta denegatoria mediante queja, la condena quedó firme en todos sus términos.

Detienen 14 gendarmes por pedir coimas a camioneros sobre la Ruta 8

Efectivos de Gendarmería Nacional, incluidos altos mandos, fueron detenidos tras una investigación de siete meses. El procedimiento se inició luego de denuncias de transportistas que señalaban el cobro sistemático de sobornos a choferes de camiones en la Ruta Nacional 8, en la zona de Sampacho, al sur de Córdoba.

La causa, instruida por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, reveló el funcionamiento de una estructura que, presuntamente, exigía dinero a conductores para permitirles el paso en los puntos de control. Las pruebas reunidas motivaron órdenes de arresto que afectan a personal subalterno y también a la máxima autoridad local, A. G., titular del destacamento. Esta última está señalada por ser la cabeza detrás de la organización, tal como se desprende del expediente.

La investigación fue desarrollada por la propia fuerza, bajo directivas del magistrado, e incluyó veinticinco allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas de Sampacho, Córdoba capital, Catamarca, Salta, Santa Fe y San Juan, según informó el portal CBA24N.

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