Categoría: Noticias

La capital bonaerense convocó a líderes y expertos de todas las provincias argentinas que intercambiaron experiencias en pos de la mejora y la modernización de los Consejos de la Magistratura. Se trata de las XXXVII Jornadas Nacionales del FOFECMA

Con la participación de representantes de todo el país, La Plata albergó hoy por primera vez las XXXVII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en el Salón Auditorio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en 13 y 48.

La apertura estuvo a cargo del intendente de la ciudad, Julio Alak; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el presidente de FOFECMA y representante de la provincia de Mendoza, Marcelo D´Agostino; el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria; y otras figuras del ámbito judicial.

A lo largo del encuentro, integrantes de Consejos de la Magistratura de las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) intercambiaron experiencias con el objetivo de afianzar los principios de independencia, transparencia, imparcialidad, accesibilidad y previsibilidad de los procesos de selección de magistrados y magistradas.

“Sabemos que la Justicia es la base de cualquier República. Sin justicia no hay Estado de Derecho y sin Estado de Derecho no hay democracia. Por eso la importancia de estos encuentros y el rol que tiene cada uno de ustedes”, sostuvo Alak.

En ese sentido, el intendente platense aseveró: “Hoy, más que nunca, debemos seguir perfeccionando y fortaleciendo nuestras instituciones para asegurar que cada argentino y argentina pueda vivir en una sociedad más justa y equitativa”.

Por su parte, Magario reflexionó: “Las discusiones enriquecen y ponen en valor los hombres y las mujeres que debemos ser y construir. Y la Argentina que debemos construir. Pero fundamentalmente si hay algo que en estos tiempos se está destruyendo en la Argentina es el país federal, el encuentro federal, y por eso es que es tan importante que esta jornada se realice”.

“Las instituciones están muy cuestionadas. Es tiempo de fortalecerlas y de recuperar esa confianza que tuvieron siempre los argentinos en cada uno de nuestros poderes, en el funcionamiento de la República, pero fundamentalmente en construir una patria mucho más justa, libre y soberana”, agregó la vicegobernadora.

Asimismo, Soria hizo hincapié en la importancia de “la modernización de la Justicia y la mejora de los Consejos de la Magistratura para hacer de ellos unidades de gestión profesionales, eficientes, vigorizadas, en su independencia, transparentes y accesibles, sobre todo a los problemas de las personas más vulnerables, y que cumplan con el reto de la corrección jurídica y consoliden el programa constitucional”.

“Seguramente importe un propósito, un objetivo compartido por todos nosotros, a cuya realización podamos complementar nuestros mejores esfuerzos. Acaso sea la modesta contribución que desde nuestro espacio generacional deberíamos empeñarnos en aportar para recrear la calidad institucional”, añadió el presidente de la Suprema Corte bonaerense.

También se expresó D´Agostino, quien destacó “la participación de más de 17 provincias argentinas” y sostuvo: “Estas Jornadas Nacionales constituyen una oportunidad invaluable para la reflexión y el análisis conjunto con el fin de perfeccionar los mecanismos de selección, control y sanción de magistrados”.

“El objetivo último es asegurar que nuestro sistema de Justicia siga siendo un baluarte de la legalidad, la equidad y la eficiencia, y que las mejores y más capaces personas ocupen los cargos que demanda el Poder Judicial”, continuó el presidente de FOFECMA, subsecretario de Justicia de Mendoza y Consejero del Consejo de la Magistratura de Mendoza.

LAS TEMÁTICAS DE LA JORNADA

El primer panel abordó el control de las decisiones de los Consejos de la Magistratura en los concursos y fue moderado por la Dra. Ana Laura Ramos, vicepresidenta segunda de FOFECMA, consejera por el Ejecutivo del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y subsecretaria de Transparencia Institucional de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo contó con las exposiciones del Dr. Daniel Soria, presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense; el Dr. Gabriel Chibán, presidente del Consejo de la Magistratura de Salta; y el Dr. Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

La jornada continuó con un módulo sobre acceso diverso e integración en los procedimientos de selección a la magistratura, con charlas a cargo de María Teresa Day, presidenta del Consejo de la Magistratura de Mendoza; y Jimena de la Torre, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación.

También expusieron en esta instancia Ernesto Löffler, presidente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego; Martín Montenovo, camarista penal de Comodoro Rivadavia; y Gabriela Demaría, consejera del Consejo de la Magistratura bonaerense y diputada.

MÁS ACTIVIDADES ESTE JUEVES

Las XXXVII Jornadas Nacionales del FOFECMA continuarán este jueves con actividades que incluirán el conversatorio «Principios y garantías: tendencias en el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios».

Participarán Ulises Giménez, secretario de la Secretaría de Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires; Alberto Biglieri, prosecretario General del Colegio Público de Abogados de Capital Federal; y Juan Ariel Archanco, diputado provincial.

El Colegio de Abogacía de La Plata (CALP) expresó su firme rechazo al proyecto de ley de divorcios administrativos propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional al considerar que pone en serio riesgo la seguridad jurídica y “vulnera derechos fundamentales”. Avierten que es inconstitucional y que despoja a las personas de protección legal.

Conforme al comunicado publicado por el Consejo Directivo del Colegio, el divorcio no es un simple trámite administrativo, sino un proceso complejo con implicancias jurídicas profundas, por lo cual requiere la intervención de profesionales especializados en el área de familia para garantizar la defensa de los derechos de las partes, especialmente de las más vulnerables, se informó en un comunicado.

“Este proyecto desconoce lo que es el Código Civil y la mirada del divorcio de manera integral, con todos sus efectos”, advirtió la presidenta del CALP, Marina Mongiardino, y agregó: “La intervención del profesional de la abogacía les permite a los cónyuges conocer sus derechos, sus obligaciones y preservar las garantías constitucionales”.

Frente a esta situación, la entidad llamó a una sesión extraordinaria para tratar el tema, la cual tendrá lugar el próximo viernes a las 17. La misma será de carácter público y transmitida en vivo por el canal de YouTube del Colegio (@calp-oficial).

En ese sentido, advirtieron que el proyecto es “inconstitucional” y afirmaron que trasladar los divorcios a una sede administrativa no solo va en contra de principios internacionales, como el de no regresividad, sino que también despoja a las personas de la protección legal que solo un proceso judicial puede ofrecer.

Asimismo, mencionaron como aspecto clave que la ausencia de asesoramiento letrado en el proceso administrativo podría llevar a una renuncia anticipada de derechos por desconocimiento, afectando directamente aspectos patrimoniales, alimentarios y de compensación económica de las partes involucradas.

Finalmente, desde el Colegio de La Plata se exhortó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley y preservar el control judicial sobre los divorcios, como forma de asegurar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Una decisión de alto impacto en los juicios laborales: es urgente la doble instancia para garantizar la defensa en juicio. 

                        Actualmente, vemos a las entidades empresarias golpear las puertas del Senado provincial, preocupadas por la modificación del artículo 48 de la ley 11.653, que impacta en el cálculo de las indemnizaciones laborales y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

                        Esta modificación al procedimiento laboral puede estar mal enfocada por este sector y, además, devenir en abstracta. La Suprema Corte dictó la resolución 1840/24, ordenando la inmediata aplicación de las normas procesales de la ley 15.057 aunque, lamentablemente, vuelve a exceptuar todo lo relativo a la implementación de la segunda instancia en el fuero laboral.

                        Esto significa que el estado de alerta en el que se encuentran las pymes bonaerenses por el encarecimiento de las tasas de interés y la indexación del capital en los créditos laborales, está erróneamente dirigido al ámbito legislativo y debe ser reorientado al ámbito judicial.

                        Es necesario entonces poner énfasis en una decisión de alto impacto en la justicia bonaerense, que pone en estado de indefensión a aquellos que dan trabajo y quedan sujetos a juicios laborales con consecuencias económicas más gravosas que la pretendida reforma de la ley de procedimiento laboral.

                        En abril de este año, en la causa C. 124.096, «Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios», la Suprema Corte provincial, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias y, por tanto, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.

Hasta aquí estamos de acuerdo.

                        Ahora bien, el fallo “Barrios” no se circunscribía a una relación laboral, sino a una causa de naturaleza civil. Sin embargo, al ser un fallo del alto tribunal, repercute fuertemente en las decisiones de los tribunales de trabajo que hacen extensivas sus pautas al fuero laboral. En concreto, hay tribunales que han llegado a redactar sentencias que superan los criterios impuestos por el Máximo Tribunal provincial, bajo el argumento del principio protectorio hacia el trabajador y ello no tiene posibilidad alguna de revisión inmediata.

                        Esta discrecionalidad adoptada por los  tribunales inferiores puede lesionar el sistema de justicia y el equilibrio justo y equitativo en la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores regulados por ley, perjudicando la actividad y estabilidad de las empresas.

Señales que preocupan.

                        La aplicación del fallo “Barrios” en el fuero del trabajo -que, insisto, son tribunales de instancia única- abre la puerta a establecer criterios para la actualización de deudas laborales con una enorme discrecionalidad, ya que es el Juez quien decide cuál es la herramienta adecuada, la fórmula más idónea y la operación aritmética más favorable -al trabajador- para mantener el valor de las indemnizaciones, debiendo respetar, según el fallo, los siguientes principios y condicionamientos: 1. la interdicción del enriquecimiento sin causa; 2. la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; 3. la buena fe; 4. la equidad; 5. la equivalencia de las prestaciones; 6. la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere en su caso, 7. el esfuerzo compartido.

                        Es importante destacar a la hora de discutir la preservación de un crédito -especialmente en una economía como la nuestra-, que en materia civil, comercial o contencioso administrativo, estamos sujetos a la garantía de la doble instancia judicial, es decir que frente a una decisión arbitraria o que causa agravio, la parte puede interponer un recurso de apelación para impugnar una resolución judicial y continuar el carril judicial hasta encontrar una justa composición en juicio. Esto no ocurre en materia laboral.  

                        Para una mayor ilustración, hay tribunales que dictan de oficio la inconstitucionalidad sobreviniente y actualizan los créditos laborales con la siguiente formula: aplican el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), desde la mora de cada crédito -conforme arts. 255 bis y 128 de la ley 20.744- y sobre el resultado la tasa pura del 6% anual. En caso de falta de pago en término de la liquidación judicial que otorga la sentencia, los intereses liquidados se acumulan al capital (art. 770, inc. c., Cód. Civ. y Com.). Esta descripción fue tomada del Tribunal de Trabajo Nº 1 de Olavarría, con fecha 20 de mayo 2024, en los autos «Butera, Marianel Luz c. Ieracitano, Susana Alicia s/ despido”.

                        Las pautas de actualización del crédito de este fallo ya son de aplicación recurrente por los tribunales de trabajo de la ciudad de La Plata y arrojan sumas dinerarias que pueden llegar causar perjuicios en la estabilidad de las empresas y sin posibilidad de una defensa en juicio.

                        Por tanto, es aquí donde aparecen las dudas y las preguntas sin respuestas.

                         ¿Qué criterios deben aplicarse para calcular la actualización de las deudas laborales de manera justa y equitativa? ¿Cómo se puede garantizar la coherencia y equidad en la aplicación de los criterios de actualización de deudas laborales en el marco del fallo Barrios? ¿Qué implicaciones tiene el fallo Barrios en los reclamos laborales pendientes y en las sentencias firmes que aún no se han cobrado? Todas son preguntas que aún no tienen certezas.

                        Es claro que el fallo abre la posibilidad de revisar y actualizar las deudas laborales pendientes que estaban sujetas a la normativa declarada inconstitucional, lo que podría resultar en un ajuste de los montos adeudados.

                        Las sentencias firmes que aún no se han cobrado podrían estar sujetas a revisión y actualización de acuerdo con los criterios establecidos en el fallo Barrios, lo que podría implicar un ajuste en los montos a pagar a los trabajadores.

                        En cada caso concreto, los jueces tienen la facultad discrecional de encontrar el método o la forma de actualización que consideren más justa.

                        Necesitamos que los tribunales de trabajo, en materia de actualización monetaria, aseguren un equilibrio justo y equitativo en la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores y es aquí donde la doble instancia o instancia única en el proceso laboral juegan un papel determinante.

                        El régimen procesal laboral bonaerense, regulado ya hace muchas décadas por la ley 11.653, lo ha transformado en un fuero con enormes dilaciones; el vicio de la concentración de las decisiones y todo el peso de una mala decisión, recae únicamente sobre el empleador de no implementarse una instancia de revisión.

                        En 2018 se sancionó la ley 15.057, que crea juzgados unipersonales y cámaras de apelaciones del trabajo suficientes para abastecer los numerosos reclamos laborales. La puesta en funciones quedó supeditada hasta que se produzcan las reformas estructurales necesarias.

                        Recientemente, la propia SCBA dictó una resolución donde puso en vigencia la ley 15.057, pero vuelve a exceptuar todo lo relativo a la implementación de la segunda instancia del fuero laboral.

                        En efecto, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires un juicio laboral demora un promedio de cuatro años en obtener sentencia -tiempo que, en muchos casos y dependiendo de diversas circunstancias, se extiende ampliamente-, la eficacia y agilidad del sistema se encuentra condicionada y afecta la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional).

                        Las cosas serían muy diferentes si al aplicarse el fallo “Barrios” para actualizar el crédito laboral, el derrotado pudiese contar con un recurso de apelación ante un tribunal de segunda instancia, pues en ese caso el fallo de grado quedaría sometido a un examen integral de los hechos y la prueba; y tendríamos una administración de justicia que asegure un equilibrio justo y equitativo en la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores.

Pablo Nicoletti

Abogado. Especialista en derecho laboral.

Presidente Unión Cívica Radical de La Plata.