Promueven dos leyes clave en materia de justicia penal y violencia digital

Los proyectos presentados por la senadora Flavia Delmonte pretenden modificar la Ley N° 15.357 sancionada en 2022 y crear un nueva norma para erradicar el ciberataque.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires y adaptar las normas vigentes a los desafíos contemporáneos, la senadora Flavia Delmonte presentó dos importantes proyectos de ley.

El primero propone modificaciones a la ley 15.357 para modernizar el sistema de justicia bonaerense y asegurar una representación equilibrada y justa, y el segundo introduce una nueva ley diseñada para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia digital.

“Estos proyectos son esenciales para la seguridad de nuestros ciudadanos y para adaptar nuestras normativas a las realidades y desafíos del mundo actual”, sostuvo la legisladora, y agregó: “Estamos comprometidos en construir un sistema de justicia más eficaz”.

MODIFICACIONES A LA LEY N° 15.357

El primer proyecto plantea una serie de modificaciones a la Ley N° 15.357, sancionada en 2022 para crear una Comisión Bicameral que adecúe las normas procesales penales a los estándares constitucionales e internacionales.

En ese sentido, determina “crear en el ámbito de la Legislatura una Comisión Bicameral cuyo objeto será adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación del procedimiento, ejecución penal y penitenciaria, a los estándares internacionales con el objetivo de mejorar y modernizar el sistema de justicia bonaerense.”

Además, incorpora el artículo 5°, que establece que el presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque parlamentario opositor con mayor número de legisladores en la Legislatura y que la presidencia se ejercerá en forma rotativa por los miembros de una y otra cámara.

También suma el artículo 6°, el cual designa que la Comisión Bicameral emitirá dictamen en el plazo de 180 días, prorrogables por noventa 90 días más; y también el 7°, que resuelve que la comisión podrá contratar el personal administrativo y técnico que fuera necesario para el efectivo ejercicio de su objeto.

Finalmente, agrega el artículo 8°, el cual dispone que los gastos que ocasione el cumplimiento de la ley serán tomados del presupuesto correspondiente a la Legislatura de la Provincia.

PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL

El otro proyecto de la senadora Delmonte tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar en la provincia de Buenos Aires la violencia digital, entendida como toda conducta en contra de las mujeres basada en su género cometida con la asistencia, utilización o apropiación de tecnologías de la información y la comunicación, se informó en un comunicado.

La norma establece que la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo será la encargada de realizar campañas de difusión que contribuyan a concientizar y dar visibilidad a la problemática y de elaborar y distribuir material que informe sobre el contenido de la ley, las características de la violencia digital y las vías para denunciarla.

Además, se promoverá el desarrollo de jornadas y otras actividades orientadas a la capacitación de equipos específicos y promueve ante la Dirección General de Cultura y Educación la implementación de actividades orientadas a concientizar sobre la violencia digital en todos los niveles y modalidades educativas.

Por otro lado, pena con una multa de entre el 25 y el 45 por ciento del haber mensual del agente de seguridad de la policía de la Provincia de Buenos Aires a quien ejerciera violencia digital o telemática, siempre que el hecho no constituya delito.

Finalmente, dispone que la víctima de violencia digital goce de los mismos derechos de tratamiento que la víctima de violencia de género y establece la creación de la Semana contra la Violencia Digital, la cual se conmemorará los primeros siete días del mes de noviembre de cada año con el objetivo de concientizar a la población.

Proyecto de ley para modificar penas por maltrato animal

Un grupo de abogados proteccionistas de animales, intenta en el Congreso Nacional modificar la actual Ley Benítez, equivocadamente conocida como Ley Sarmiento. La norma data del año 1954 y por eso buscan modificar fundamentalmente dos cuestiones: incrementar penas e incorporar nuevos tipos penales.

La abogada Marcela Loyola, especialista en Derecho Animal, contó a la Agencia de Noticias Fueros, que para la modificación de la Ley 14346 se reunieron abogados de varios distritos, que presentaron el nuevo proyecto al Diputado Nacional Pablo Juliano de la UCR, expediente 2489-D-2024, Trámite Parlamentario N° 60 con fecha 22/05/2024.

Loyola dio cuenta de los cambios que propone el grupo de proteccionistas que viene trabajando en el tema hace años: “Actualmente se reprime con prisión de 15 días a un año por malos tratos o crueldad a los animales y la modificación propone elevar las penas para maltrato de 6 meses a 3 años. En caso de crueldad animal la pena se ubica entre 1 año a 5 años”.  

Entre una larga lista de modificaciones, la abogada de Florencio Varela, indicó que también se penarán cuando no se alimente e hidrate adecuadamente a los animales, a quien utilice para trabajar a animales causando lesiones, agotamiento o muerte. Se incorporan penas para aquellos cuidadores humanos que no brinden asistencia veterinaria. También para aquellos que restrinjan los movimientos a través de encierros, abandono, manipulación genética, sometimiento a animales a la reproducción con fines comerciales abusando de la capacidad física y privados de sus capacidades básicas. Se incorporan tipos penales como la estimulación con drogas y zoofilia entre otros delitos.

También el proyecto apunta al maltrato animal para la realización de actos públicos y espectáculos, entre los que están las jineteadas, exhibiciones y circos. (Texto completo del Proyecto de Ley en www.agenciafueros.com.ar).

La abogada, señaló que “debemos contar con una legislación con penas fuertes y concretas. En muchos casos la justicia ordinaria va dando señales hacia la comunidad sobre las penas que le cabe a una persona cuando incurren en maltrato animal. En Florencio Varela tuvimos un caso muy conocido, el de ´Ramón´ un perro de la calle que sufrió un violento ataque por parte de un vecino. Ramón fue atacado a patadas y golpes por un hombre que paseaba su perro por la cuadra, inclusive instó a su perro a pelear con Ramón”.

El hecho, dijo Loyola a la Agencia Fueros, “quedó grabado en las cámaras de seguridad de un comercio, los vecinos identificaron al agresor lo cual nos permitió denunciar el hecho en la UFI 1 de Varela. El Juzgado de Garantías 6 a cargo del Dr Agüero de oficio dictaminó una medida de restricción de acercamiento hacia Ramón considerando su calidad de víctima dotada de sensibilidad” (Video del Caso Ramón en www.agenciafueros.com.ar)

Además de la abogada Loyola, se incluyen entre los firmantes a la Dra. Victoria Silvano (Titular de la Materia derecho Animal UBA), Dra María José Edreira (Abogada), Dr. Martín Testa (abogado) y la Dra. María Fernanda Biasi (Abogada),

Dra. Marcela Loyola

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IG @mployola

Prisión efectiva ante falsas denuncias: texto completo

Se conoció en las últimas horas el texto completo del Proyecto de Ley que se presentará al Congreso esta semana, que intenta reprimir con prisión efectiva a quien realice una falsa denuncia en contexto de familia y género. Como se informó oportunamente, el abogado Marcelo Peña, diseño la iniciativa que contempla penas efectivas para los progenitores que en el marco de una separación conflictiva, realicen falsas denuncias (ver nota anterior). La diligencia ingresará por la Cámara de Diputados y dirigida al Jefe de Bloque Libertad Avanza, Diputado Nacional Gabriel Bornoroni. Texto completo.

Primera reunión entre abogados del interior del Departamento Judicial La Plata

El Colegio de la Abogacía de La Plata informó que se llevó a cabo la “primera reunión de autoridades de las asociaciones de abogados y abogadas del interior en la localidad de Cañuelas”.

“Esta histórica sesión se realizó tras la aprobación de la primera reunión del consejo directivo, que propuso la sede y se invitó a los profesionales del interior de nuestro departamento judicial”, se señaló en un comunicado.

“El objetivo principal es convocar a nuestros colegas para iniciar el desarrollo del propio reglamento de comisión”, se advirtió.

Entre los temas abordados fueron:
– Creación del nuevo reglamento de la comisión
– Implementación del nuevo sistema DEAS
– Nuevas sedes y servicios para abogados y abogadas del interior capacitaciones
– Compromiso de realizar reuniones mensuales en distintos puntos del interior

“Este es un gran paso hacia una mejor organización y colaboración entre los profesionales del derecho de nuestra región”, se informó desde la entidad.

En el encuentro estuvieron presentes representando al Colegio de la Abogacía La Plata Marina Mongiardino, presidenta; Josefina Sannen Mazzucco, consejera; Fabio Nielsen, secretario general y Martin Villena, vicepresidente segundo.

Piden agravar las penas por agresiones a periodistas

En una medida histórica que busca fortalecer la protección de los periodistas en Argentina, el diputado nacional de la Democracia Cristiana que integra el Bloque Hacemos por Argentina, Juan Fernando Brügge, ha presentado un proyecto de ley destinado a agravar las penas para quienes atenten violentamente contra periodistas. Esta propuesta legislativa incrementa en un tercio las penas mínimas y máximas para los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de sus funciones.

El diputado Brügge explicó los fundamentos de esta iniciativa destacando la necesidad de proteger a los periodistas y al personal técnico de los equipos periodísticos, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la naturaleza de su labor. “El ejercicio de la profesión periodística, especialmente en la cobertura de eventos y la realización de investigaciones, expone a los comunicadores a riesgos significativos que deben ser mitigados mediante una tutela jurídica adecuada”, subrayó Brügge.
El legislador cordobes, recordó varios incidentes recientes que ilustran la gravedad de la situación. Entre ellos, destacó el caso de Néstor Dib, periodista de C5N, quien fue agredido mientras cubría la marcha del 8N en la Plaza de Mayo en 2016, y la amenaza de incendiar a la periodista Sandra Borghi durante una cobertura en la calle Alem. Otros casos mencionados incluyen las agresiones sufridas por Nicolás Wiñazki y su equipo de TN en La Plata, y los ataques a periodistas de Telefe y Canal 26 durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en 2023.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reportó 61 ataques a la prensa en 2023, destacando que las agresiones físicas y amenazas fueron los incidentes más comunes. Este patrón de violencia, según el diputado, socava la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos fundamentales consagrados en diversas declaraciones y pactos internacionales.
Brügge también contextualizó la problemática en un marco internacional, mencionando los peligros extremos que enfrentan los periodistas en países como México y Venezuela, donde muchos han perdido la vida.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han enfatizado la importancia de proteger a los comunicadores y sancionar severamente a los responsables de agresiones y asesinatos, para evitar la censura y la autocensura que estas violencias provocan.

El proyecto de ley presentado propone agregar un agravante en el Código Penal de la Nación que aumente en un tercio las penas para los delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones. Este agravante se aplicaría a todos los delitos tipificados en el Código Penal, fortaleciendo así la protección legal de los comunicadores.

Brügge concluyó su presentación solicitando el apoyo de los demás diputados y diputadas para la aprobación de esta importante iniciativa, subrayando que su adopción sería un paso significativo hacia la protección de la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores de la prensa en Argentina. “Es nuestra responsabilidad garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, un pilar fundamental de nuestra democracia”, afirmó.

La sanción de esta ley representaría un avance crucial en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa en el país, enviando un mensaje claro de que la violencia contra los periodistas no será tolerada.

Proyecto de Ley para condenar con prisión efectiva por falsas denuncias en contexto familiar

La presentación fue realizada por el abogado Marcelo Peña. La propuesta incluye tanto a hombre como mujeres que apliquen este tipo de métodos extorsivos, para lograr objetivos personales en el fuero de familia.

“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90 % de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que repercuten directamente contra la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que cuando surja inequívocamente una falsedad, en contexto de género y familia, se aplique una pena entre 2 y 4 años” explicó el abogado.

“Pedimos esta pena de 2 a 4 años, porque el Código Penal tiene la esencia de que delitos de esas características, tengan también la posibilidad de que la primera pena que cumpla el progenitor en cuestión, sea condena de ejecución condicional. Hay otros delitos más graves que también permiten prisión en suspenso, con lo cual siempre debe existir la posibilidad de una pena menor a 3 años que es excarcelable”.

“El caso es distinto en una reincidencia. Intentamos que, a través de esta Ley, haya un efecto disuasivo para que se sepa que a partir de ahora puede corresponderle una pena efectiva y no una suspensión de juicio a prueba. El que sentó precedente fue el caso Góngora que en contextos de género y familia se suspende esa posibilidad. Hay casos en el que por falsas denuncias se genera un agravamiento en las condiciones psicológicas del niño, allí no se puede ser contemplativos”, señaló el autor del proyecto.

El letrado indicó que con esto se intenta proteger y ampliar los bienes jurídicos del niño, porque en muchos casos con una falsa denuncia se los somete a distintos procedimientos judiciales (cámara Gesell, terapias, revisaciones médicas) que son extremadamente invasivas y conllevan a una severa afectación psicológica en el menor.

“Cuando el niño tiene 15 años, y tras 4 de no ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psico-emocional difícil de remontar” aseguró Peña que agregó a la Agencia Fueros, que defiende a varios padres en esta situación, denuncias falsas que muchas veces son recomendadas por abogados inescrupulosos que se aprovechan de la situación. “La mentira y el absurdo de la ex mujer de uno de mis defendidos, llegó a tal punto, que dijo haber visto a su hija que estaba siendo manoseada por el padre y que en la misma habitación estaba sacando fotos, una importante figura política. El hecho quedó descartado absolutamente, el padre sigue sin ver a su hija y la madre camina sin problemas. Muchas veces aconsejadas por sus abogados, saben que las penas en caso que la investigación avance y se compruebe una falsa denuncia, son irrisorias”, sentenció el abogado.

El abogado señaló que actualmente la Falsa denuncia tiene una sanción penal muy liviana, de 2 meses a 1 año de prisión en suspenso que pasaría a ser de 2 a 4 años sin posibilidad de realizar una probation.

“Intentamos genera una modificación al Código Penal porque además del sufrimiento del padre o madre y del menor, son miles las horas que pierde el sistema judicial argentino en esta trama que muchas veces tiene un efecto desgarrador para los niños. Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento para litigar en medio de una separación”

Tomo 48 folio 235 CALP

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