REPROCANN: cuando la burocracia Reemplaza las necesidades humanas básicas e indispensables
Nota de Opinión
Por Magalí Ledesma
En los últimos días, el REPROCANN incorporó nuevas funciones: un botón para anular trámites, un módulo específico para organizaciones solidarias, supuestas mejoras en la carga documental y promesas de que, si todo está “en regla”, las autorizaciones podrían resolverse en apenas quince días. La narrativa oficial sugiere modernización, agilidad y la tan esperada “normalización” del sistema.
Sin embargo, detrás de estos cambios hay una pregunta que sigue sin responderse: ¿estas medidas acercan a las personas al tratamiento que necesitan o siguen siendo una carrera de obstáculos para quienes dependen del cannabis medicinal para vivir con menos dolor?
Si hablamos desde una perspectiva de salud pública —la única honesta cuando tratamos el acceso a tratamientos esenciales— la respuesta es evidente: los anuncios no resuelven el problema de fondo. El REPROCANN continúa atrapado en una lógica burocrática, más preocupada por ejercer un poder de policía que por cuidar. Una política que prioriza papeles antes que personas no simplifica el acceso: lo deteriora.
El sistema sigue exigiendo requisitos engorrosos: documentación compleja, cargas online que fallan, informes semestrales para ONG y nuevas exigencias para médicos prescriptores, que dejan a miles de pacientes “colgados” esperando renovación. Todo esto en un contexto donde hay cerca de 100.000 personas en lista de espera y un número insuficiente de profesionales habilitados para prescribir.
Lo que se presenta como “mejora administrativa” funciona, en la práctica, como un filtro: sólo accede quien puede navegar la complejidad técnica, pagar consultas privadas, encontrar un profesional habilitado y sostener reiterados trámites sin perder continuidad terapéutica.
Eso no es una política de salud: es un mecanismo extorsivo de exclusión. Cada requisito adicional, cada trámite que se traba, cada documento que falta, es un día más sin alivio para quienes dependen del cannabis medicinal. Eso es exactamente lo que un Estado debe evitar: los daños que tiene la obligación de reducir.
El problema no es la regulación en sí, sino la forma en que se implementa. Son impostergables políticas accesibles, flexibles, adaptadas a las realidades de las personas y orientadas a minimizar riesgos, no a ampliarlos. La política pública actual se sostiene sobre un paradigma de sospecha:
● sospecha sobre pacientes
● sospecha sobre ONG
● sospecha sobre cultivadores solidarios
● sospecha incluso sobre médicos que prescriben
Esa desconfianza se traduce en controles documentales, verificaciones rígidas y procesos que pueden demorar meses. Pero la enfermedad no espera.
El dolor no espera. La ansiedad, las convulsiones, el insomnio, los espasmos y todas las condiciones para las que el cannabis representa alivio no esperan a que un expediente se resuelva. Cuando el Estado demora el acceso, no solo incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud: también empuja a muchas personas a la clandestinidad. Más riesgos, más incertidumbre, más vulnerabilidad. Lo contrario de lo que una política pública responsable debería promover.
Es necesario cambiar el enfoque, no solo el software
La discusión no es técnica: es ética y política. Si la prioridad real es la salud de las personas, entonces es indispensable:
● habilitar autorizaciones provisorias automáticas mientras los trámites están en proceso
● simplificar formularios y reducir documentación
● ampliar la red de profesionales habilitados y difundirla públicamente
● ofrecer asistencia técnica y plazos realistas para ONG y cultivadores solidarios
● garantizar que nadie sea criminalizado durante la espera de la renovación
● publicar métricas claras sobre accesibilidad y tiempos reales de aprobación
Recién ahí podríamos hablar de una política de cannabis medicinal que respeta derechos y se alinea con el paradigma de reducción de riesgos y daños.
Lo que está en juego
El cannabis medicinal no es un capricho, un hobby ni un privilegio. Para miles de personas en Argentina es, sencillamente, una herramienta imprescindible. Negarles acceso efectivo —alargando trámites, achicando la lista de prescriptores, exigiendo controles imposibles— es vulnerar derechos humanos básicos y elementales.
La actualización del REPROCANN podrá mejorar la usabilidad para quienes ya están dentro del sistema, pero no modifica la raíz del problema: una ley de drogas obsoleta y punitivista. Una política pública que mira más la burocracia que el padecimiento; más los requisitos que la urgencia; más la vigilancia y la sospecha que el cuidado.
Si el Estado quiere realmente garantizar salud, calidad de vida y reducción de daños, debe abandonar la lógica burocrática, abrazar la lógica del acceso y avanzar hacia una reforma penal más justa en materia de estupefacientes.
Porque en lo que respecta al cannabis medicinal, cada barrera administrativa se traduce en dolor evitable. Y una política que produce dolor evitable no es eficaz: es cruel, criminalizadora e injusta.
Abogada penalista. Especialista en políticas de drogas. Integrante de Abogadas Penalistas La Plata.
