Alertan sobre un proyecto de ley que podría perjudicar la jubilación de los abogados

El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.

El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), que nuclea a 27 entidades profesionales, manifestaron su intensa preocupación a raíz de un proyecto de ley que intenta desfinanciar la Caja de la Abogacía bonaerense.

La iniciativa, cuyo tratamiento fue previsto para este martes 12 de noviembre en la Cámara de Diputados de forma completamente inconsulta, propone la derogación del artículo 12 inciso G de la Ley 6.716 del régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados sancionado en el año 1975.

La misma implica la eliminación de la sobretasa de justicia del 10 % sobre la tasa del 2,2 % aplicada al monto de las demandas, contribución que solo pagan quienes tienen bienes suficientes y de la que están exentos aquellos que cuentan con el Beneficio de Litigar sin Gastos y los casos relacionados con la ley de defensa del consumidor y del usuario.

Establecido en 1988, este recurso tiene carácter solidario y cumple una función social clave: financiar asignaciones por nacimiento, adopción y cuidado de hijos con discapacidad, además de cubrir a abogados que, por razones de salud, no pueden ejercer temporalmente su profesión.

“Los colegios profesionales son verdaderos garantes del orden y la independencia del ejercicio profesional y hoy necesitamos que sean cada vez más fuertes”, sostuvieron desde el colegio y la federación, y remarcaron la importancia de defender la democracia, los Derechos Humanos y la garantía de un verdadero estado de derecho.

“El rol de los colegios profesionales es esencial, son parte de la historia y el presente de nuestra provincia, son guardianes del funcionamiento y la integridad del sistema legal”, continuaron, al tiempo que solicitaron a los diputados ser convocados para participar de un debate tan trascendental para el desarrollo de la profesión.

Convenio de cooperación entre la UNLP y la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, firmó un convenio marco con el titular de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Portillo. También estuvieron presentes representando a la Caja, el Vicepresidente II Dr. Horacio Gustavo Fahey y el Dr. Roberto Pablo Journe ,  Director por el Departamento Judicial La Plata.

Según surge de la letra del acuerdo “ambas instituciones favorecerán la concertación de programas para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia y extensión en áreas de mutuo interés”.

Las acciones a las que dé lugar este acuerdo serán instrumentadas en programas de trabajo o de intercambio en los que quedarán formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración de las actividades.

Además, las partes intercambiarán además todo tipo de datos, observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria para el trabajo que los organismos realicen en forma conjunta o separada.

Condenaron a obstetra de La Plata acusado por mala praxis

En un juicio abreviado le impusieron la pena de tres años de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación. Era considerado el máximo referente del parto respetado en nuestra región

El obstetra de La Plata, Fernando Daverio (49), fue condenado este lunes en juicio abreviado a la pena de tres años de prisión en suspenso, ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina y tres años para hacer cursos de parto respetado, violencia obstétrica y cuidados prenatales
El juicio abreviado tramitó por una causa que investigó la muerte de una bebé y la histerectomía de su madre, y por la parálisis cerebral de otra bebé en partos de 2017.
Por esos hechos también recibió pena en juicio abreviado la obstetra Andrea Neira, con pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación.
Los delitos endilgados a Daverio y Neira son lesiones culposas y homicidio culposo. Daverio firmó hoy el consentimiento de la pena por juicio abreviado y la Neira, la semana pasada.
La tercera imputada es María Caporal, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Cestino de Ensenada, quien no aceptó la modalidad de juicio abreviado y desde el miércoles 6 será juzgada en audiencia oral y pública, por el juzgado en lo correccional de La Plata.
Un juicio abreviado es un proceso penal que se utiliza para enjuiciar delitos menos graves o graves que no superen los 9 años de prisión. También se puede utilizar para otros tipos de penas, como multas, que no superen una determinada cuantía o duración.


Además, la modalidad del juicio abreviado es una forma de terminar el proceso de forma anticipada, en la que el acusado acepta ser juzgado con base en los datos de prueba recabados en la investigación
Fernando Daverio oriundo de Bahía Blanca tiene un equipo a cargo denominado Gestando entre Pares con un consultorio en 38 esquina 12 de La Plata y durante varios años fue considerado el principal referente en la capital bonaerense del denominado parto respetado.
En una de los expedientes, Daverio estaba acusado del delito de lesiones culposas, tras la denuncia de María José Suárez y su esposo por la parálisis cerebral de su hija. La familia es asistida por el estudio jurídico a cargo del doctor Alfredo Gascón.
A Daverio se lo imputa por desatender la ecografía que mostraba una disminución del crecimiento y también de omitir la ecodóppler que hubiera demostrado que la placenta no podía proporcionar el oxígeno para el parto vaginal en el que la bebé finalmente nació, sin signos vitales, y tuvo que ser reanimada.
En otra causa, el obstetra Daverio está acusado de homicidio culposo y lesiones culposas, por la muerte de la bebé y la histerectomía de su madre. Se lo sindica por no haber brindado la atención adecuada desde que la mujer rompió la bolsa hasta que finalmente fue internada, después de varias horas, a pesar de que ella y su esposo habían reclamado ser atendidos en un centro de salud.
El estudio jurídico del doctor Alfredo Gascon, Miguel Molina y Jerónimo Gascon continuará con las acciones penales y civiles pertinentes para acompañar a las familias demandantes en su sed de justicia.
Alfredo Gascon
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IG
@Alfredo_gascon

Caso Lolo Regueiro: Renunció el equipo que patrocinaba a la Familia

Según trascendió en las últimas horas, el cuerpo de abogados que patrocinaba a la Familia de Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió en la previa del partido entre el Lobo y Boca, informó que no seguirá al frente de la causa. Según información oficial, el estudio Saldaño y Asoc; “ha renunciado a patrocinar a la familia Regueiro en la causa que se investiga el homicidio de ´Lolo Regueiro´ por no compartir la propuesta de la familia en sumar a la representación a un letrado condenado por delitos contra la integridad sexual. No obstante ello , entendemos la preocupación y la posición de los familiares en razón de la falta de respuestas por parte de la justicia, que injustificadamente demora el trámite de la causa, estando ya abastecido el doble conforme por las resoluciones en la etapa de instrucción confirmadas por la Cámara de Apelaciones. Es muy difícil para quienes reclaman justicia, poder entender las razones de tal dilación y se resume en las palabras de ellos “ los imputados siguen con su vida normal, trabajan, siguen con su familia y nosotros no, porque aun no se ha hecho justicia”. Según trascendió la familia quiere incorporar al Dr. Juan Manuel Lugones, ex titular de APREVIDE.

Especialistas tratan la ludopatía digital en los jóvenes

Una multitudinaria charla abierta a la comunidad de la que participaron instituciones y especialistas en adicciones se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Almirante Brown en el marco del Programa Integral de Bien Público para la Prevención de la Ludopatía Digital para el abordaje y concientización de esta problemática que se lleva adelante en ese municipio.

Con el objetivo de encontrar soluciones integrales y comunitarias al problema que afecta cada vez más a los jóvenes, participaron representantes del Municipio de Alte Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la Iglesia, ONGs, la Cruz Roja, magistrados, legisladores, entidades intermedias, intendentes de la región, representantes del sistema educativo y sanitario junto a fuerzas de seguridad, quienes debatieron estrategias para combatir la Ludopatía Digital.

El intendente de Almirante Brown y anfitrión, Mariano Cascallares, subrayó la importancia de poder atender la problemática de la ludopatía de forma integral, ya que cada vez más jóvenes están participando de actividades de este tipo. “Vamos a trabajar en forma colectiva, con el objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse y que cada uno, desde su lugar, sepa cómo abordar, acompañar y ayudar a que este flagelo no atrape a más personas”.

En tanto, Domenichini destacó el compromiso y la gran convocatoria de la sociedad para el abordaje del bienestar digital y del flagelo que sufren no solo los niños y adolescentes de la región.

Del encuentro “Apostar no es un juego, Ludopatía digital y Salud Mental”, organizado por la Comuna browniana en articulación con la UNAB y la Fundación Causa Común, participó el intendente municipal, Mariano Cascallares, junto al rector de la Alta Casa de Estudios, Pablo Domenichini y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko. También dijeron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Vicente Ojea; el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones; la defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, además entre otros, de jefes comunales de distritos vecinos.

Disertaron durante la jornada el neurocientífico y creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), Facundo Manes; el sacerdote Carlos Francisco Olivero, especialista en tratamiento de adicciones; y la directora de la Consultora Bienestar Digital especializada en Ciudadanía digital, Lucia Fainbom.

Por su parte, Monseñor Oscar Ojea y Monseñor Jorge Lugones apoyaron la iniciativa y la labor que se realiza para una “experiencia de salvación comunitaria”. Un mensaje que fue respaldado por Marisa Graham.

Al término de la presentación de la charla tomaron la palabra los disertantes quienes también hicieron hincapié en la importancia de abordar la ludopatía digital desde todos los ámbitos de la comunidad.

Un trabajo articulado para atacar el juego

En ese sentido, el sacerdote Olivero sostuvo que como sociedad debemos comprender “a donde tenemos que ir y donde pararnos” para enfrentar los problemas, cuya complejidad requiere de estrategias. Se refirió a la tecnología y al capitalismo financiero que propician el consumo, en este caso para las apuestas online y a la necesidad de volver a la cultura del encuentro a través de los vínculos.

A su turno Fainbom indicó que se requieren políticas públicas y un Estado que acompañe para enfrentar el flagelo. Asimismo, hizo mención a la ausencia del cuidado, la falta de acompañamiento, de consejos, al individualismo y a la soledad de los chicos que viven una crisis de insatisfacción frente a las pantallas. La especialista también destacó la importancia de los vínculos y el diálogo.

Finalmente, Manes explicó que la adición “es una enfermedad como lo es la hepatitis o el infarto de miocardio o cualquier enfermedad médica”, y argumentó que la solución “no es solo una ley que, hay que hacerla, combatiendo intereses, que hay que hacerlo, sino como sociedad. Si somos una sociedad tenemos que enfrentar las causas que tienen que ver con la pobreza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la salud mental”.

Por otra parte, el neurocientífico reafirmó que “la salud mental es un tema muy importante. También lo es la educación, que no es una frase, una ley, esencialidad educativa, eso es un eslogan, es realmente invertir en educación, es combatir la desigualdad, entender la pobreza, es darnos cuenta que en la economía del siglo XXI es el conocimiento, que los países que no invierten en su gente no prosperan”.

“Fíjense que la solución es social, es política es de priorizar”, continuó y concluyó: “Somos actores porque estamos construyendo comunidad, estamos hablando del tema, estamos todos acá diciendo qué puedo hacer yo por este flagelo. No se trata de criminalizar sino que, si somos una sociedad, debemos tener una visión humana, cambiar la mentalidad colectiva”.

Participaron también de la charla la secretaria General del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza y su par de Florencio Varela, Andrés Watson; el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; además de legisladores provinciales y nacionales, autoridades del Ejecutivo municipal, concejales y consejeros escolares, inspectores del sistema educativo, docentes; representantes del poder judicial, de entidades intermedias, de la Cruz Roja, de hospitales y clínicas del distrito, de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y de la Unión Industrial; veteranos de guerra, representantes de Iglesias de diferentes credos y de la CGT, y vecinos y vecinas.

ESTE LUNES ENVÍAN AL SENADO BONAERENSE LOS PLIEGOS DE JUECES LABORALES PLATENSES

El gobierno de Axel Kicillof acelera sus acciones para cubrir una totalidad cercana a las 600 vacantes de jueces y enviará este lunes al Senado bonaerense 110 pliegos para nombramientos de magistrados, entre los cuales figuran 8 cargos de los 9 que faltan completar en los cinco tribunales laborales platenses.

Se trata de una forma de “ponerse al día” por parte del Poder Ejecutivo, que había recibido ternas para la justicia platense en junio del año pasado por parte del Consejo provincial de la Magistratura y recién ahora va cumpliendo en cuotas con su obligación de cubrir vacantes en distintos fueros y departamentos judiciales.

El tema de los pliegos para los tribunales laborales platenses será toda una novedad y reactiva la expectativa -por ahora en términos demasiado latentes – de avanzar hacia el sistema de juzgados unipersonales, abandonando la histórica figura del tribunal colegiado de instancia única.

Desde la casa de gobierno y desde las carteras de Justicia y de Economía ya abrieron el paraguas ante el torrente de pedidos que se avecina acerca de la instauración del nuevo sistema que prevé juzgados y cámaras de apelación, que está establecido en el nuevo código de procedimiento laboral, ley 15057.

En ese sentido, desde el oficialismo despejaron todo tipo de fantasias de inmediatez y resaltaron que no hay presupuesto para instrumentar el nuevo sistema.

UN FALLO DECLARA INCONSTITUCIONAL EL DECRETO 70/2023 QUE DESREGULABA LOS AUMENTOS A LAS PREPAGAS

La Camara Federal de apelaciones de Parana declaro la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan el inc. g) del art. 5 y el art. 17 de la ley 26.682. Dejando sin efecto los aumentos de las cuotas de los planes fijados por OSDE a partir del mes de enero de 2024. El Dr. Manuel Luaces, Magister En Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia refirió “Con esta declaración de inconstitucionalidad del decreto, la Superintendencia de servicios de salud recobra su legitimidad para autorizar el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos. Ademas las podran establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria” El Especialista en Derecho a la salud refirió además “Esto es una buena noticia para los usuarios de prepagas y es un golpe para la pretensión del gobierno nacional de desregular el mercado de medicina prepaga a través de un decreto”.

El fallo, firmado por los camaristas Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez tomó como argumento para declarar la inconstitucionalidad del decreto en que no había tales condiciones de urgencia y necesidad dado que debió presentarse un proyecto de ley al Congreso.

“Al no haberse procedido de tal manera, no cabe más que declarar la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan los arts. 5 inc. g) y 17 de la ley 26.682, debiendo la Autoridad de Aplicación reasumir su tarea de autorizar en los términos de la ley 26.682, revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones”

Asimismo, la autoridad de aplicación deberá “fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales y autorizar el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”.

Se resaltó en la resolución judicial que “no se cuestiona aquí la decisión del Poder Ejecutivo de adoptar medidas tendientes a aumentar la competitividad del sistema de medicina prepaga, pero no se admite que para ello se modifiquen, por vía de decreto de necesidad y urgencia, las atribuciones legislativamente acordadas al órgano de control”.

Como cuestión colateral, cabe señalar que la obra social demandada, OSDE, había invocado su calidad de asociación civil sin fines de lucro y de obra social.

Sin embargo, la cámara advirtió que OSDE se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Obras Sociales-RNOSbajo el N° 4-0080-0, desde el 24/09/80 como Agente del Seguro de Salud, de conformidad con lo previsto por el inc. e) del art. 1° de la Ley N° 23.660 y con los alcances de la Ley N° 23.661 y en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga-RNEMP-, en forma provisoria, bajo el N° 6-1408-1, de acuerdo a lo previsto en la Ley Marco Regulatorio de Medicina Prepaga N° 26.682”.

“Ello implica que la demandada se encuentra autorizada a funcionar, al mismo tiempo, como obra social y como empresa de medicina prepaga”, se explicó en el fallo.

Fallo judicial a favor de la protección del paisaje en Isla Paulino

En marco de la demanda presentada por la ONG Nuevo Ambiente, a los fines que se proteja debidamente a las Islas Santiago y Paulino, la justicia del fuero contencioso administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por los ambientalistas. Desde el espacio, señalaron que “hace 23 años que estamos esperando que los municipios de Berisso y Ensenada, con la colaboración técnica de la provincia, pongan en vigencia el plan de manejo de la zona. Por lo cual, la medida judicial nos genera una gran expectativa de que se cumplan las leyes relativas a éste Paisaje protegido”
La resolución, dictada en autos “Asociación Civil Nuevo Ambiente c/ Municipalidad de Berisso y otro/a s/ Acción Recomposición Ambiental”, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata, ordena a los Municipios de Ensenada y Berisso a “que se abstengan de autorizar y/o gestionar directa o indirectamente la construcción de emprendimientos urbanísticos, aprobar loteos y/o subdivisiones y todo proyecto que implique movimiento de suelos y desmonte en el ámbito del “Paisaje Protegido Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago”, hasta tanto se dicten normas de aplicación de las leyes 11.723 y 12.704 y se impulse el “Plan de manejo ambiental” que contenga las restricciones y condicionantes edilicios y constructivos necesarios para la protección del ambiente y reglamente el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de toda obra pública o privada a realizar en el lugar, con la debida instancia de participación ciudadana”
Cabe señalar que la Isla Santiago (Ensenada) y Paulino (Berisso) son áreas que se encuentran declaradas, mediante la ley 12756 , como “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico“, y son las administraciones municipales las encargadas, siempre según la norma, de celebrar acuerdos para establecer formas coordinadas de gestión para el manejo conservacionista de dicha área protegida”.
Estas Islas, que forman parte del Monte Ribereño del Río Santiago, no sólo se encuentra protegida por la mencionada ey 12.756, sino que además están alcanzadas por las restricciones de la ley 14.888 de Bosques Nativos, y en el caso de Isla Santiago por la Ordenanza Municipal de Ensenada 1829/90 que declara Áreas Naturales Protegidas a costas, arroyos y sectores de Ensenada.
La declaración del Paisaje Protegido del “Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago”, – continuaron desde Nuevo Ambiente – tiene por objeto conservar y preservar la integridad del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de dicha zona, pero desde hace años las administraciones municipales están omitiendo su cumplimiento, al permitir el deterioro del lugar, cuando son responsables directos del mismo.
“Desde hace muchos años –señalaron- venimos insistiendo para que se cumpla la ley y se confeccione el Plan de Manejo del Paisaje Protegido, ya que es fundamental en cuanto a la protección ambiental y la regulación de estas áreas que también abarcan sectores del continente, sin dejar de atender que el mencionado plan de manejo debería tener el asesoramiento e intervención del Ministerio de Ambiente de la Provincia, que no deja de ser otro ausente en referencia a la protección de nuestros Recursos Naturales como lo marcan las legislaciones vigentes”
Asimismo, la ONG expresó que “Consideramos un paso y un logro importante esta resolución judicial y esperamos que permita la confección del Plan de Manejo del Paisaje Protegido contemplado en la Ley Provincial 12.756 que incluye a las Islas Santiago y Paulino y sectores continentales del Rio Santiago. Es, además, un reconocimiento de los reclamos que venimos haciendo desde hace años por distintas vías por incumplimientos de los municipios de nuestra Región, quienes deberán acordar la confección del mismo y abstenerse a seguir poniendo en riesgo nuestros Recursos Naturales y la biodiversidad de las Islas y el rio Santiago”

Constitucionalista asegura que el paquete fiscal de la Ley “Bases” no debe aprobarse

El abogado constitucionalista Armando Aquino Britos manifestó que, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Nacional, el “Paquete fiscal” o capítulo impositivo de la denominada Ley Bases no podría convertirse en ley y se deberá esperar hasta el período 2025 -con la presentación de un nuevo proyecto- porque fue expresamente rechazado por el Senado Nacional.
Según Aquino Britos, docente de la Universidad Nacional del Nordeste “a partir de ese rechazo ese capítulo fiscal del proyecto no puede tratarse este año, sino durante las sesiones del año próximo”.

Tras citar a recordados especialistas como Germán Bidart Campos, el letrado explicó que “el art 81 de la Constitución es claro cuando establece que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año y que si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora se indica bajo qué circunstancias, cómo y de qué formas puede actuar la Cámara de origen. En modo alguno la Constitución le otorga la potestad de insistir sobre lo que fue rechazado sea de manera explícita o implícita”
“El rechazo no admite insistencia ni modificación. El rechazo se acepta y no puede tratarse o repetir su tratamiento en las sesiones de un mismo periodo parlamentario”.
Esta opinión se da en una instancia especial de una inmediata revisión en Diputados y se trata de un capítulo clave en la normativa dado que establece la reposición del impuesto a las ganancias y la eliminación de la moratoria del ANSES entre otros puntos.
Aquino Britos aseveró a la Agencia Fueros que “si un proyecto de ley se aprueba con modificaciones requiere que la Cámara de origen acepte o no la modificación para que sea ley, si mantiene su voluntad es necesario el 2/3 del voto de los miembros presentes”. Sin embargo, aclaró expresamente que “cuando la Constitución se refiere al rechazo es terminante y clara, no puede repetirse en las sesiones de aquel año”.