El ex fiscal de La Plata y actual Subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero dialogó con Agencia FUEROS, abordando todos los temas, desde la grieta en la discusión jurídica y política, la relación con la Provincia, la represión en las marchas y la lucha contra el narcotráfico.
En este avance, el funcionario del gobierno nacional se despacha a gusto contra quienes “quieren teñir de ideología” a la discusión jurídica penal porque “vincular al delito con el sistema neoliberal capitalista es tergiversar la discusión”.
El Colegio de la Abogacía de La Plata informó que se llevó a cabo la “primera reunión de autoridades de las asociaciones de abogados y abogadas del interior en la localidad de Cañuelas”.
“Esta histórica sesión se realizó tras la aprobación de la primera reunión del consejo directivo, que propuso la sede y se invitó a los profesionales del interior de nuestro departamento judicial”, se señaló en un comunicado.
“El objetivo principal es convocar a nuestros colegas para iniciar el desarrollo del propio reglamento de comisión”, se advirtió.
Entre los temas abordados fueron: – Creación del nuevo reglamento de la comisión – Implementación del nuevo sistema DEAS – Nuevas sedes y servicios para abogados y abogadas del interior capacitaciones – Compromiso de realizar reuniones mensuales en distintos puntos del interior
“Este es un gran paso hacia una mejor organización y colaboración entre los profesionales del derecho de nuestra región”, se informó desde la entidad.
En el encuentro estuvieron presentes representando al Colegio de la Abogacía La Plata Marina Mongiardino, presidenta; Josefina Sannen Mazzucco, consejera; Fabio Nielsen, secretario general y Martin Villena, vicepresidente segundo.
En una medida histórica que busca fortalecer la protección de los periodistas en Argentina, el diputado nacional de la Democracia Cristiana que integra el Bloque Hacemos por Argentina, Juan Fernando Brügge, ha presentado un proyecto de ley destinado a agravar las penas para quienes atenten violentamente contra periodistas. Esta propuesta legislativa incrementa en un tercio las penas mínimas y máximas para los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de sus funciones.
El diputado Brügge explicó los fundamentos de esta iniciativa destacando la necesidad de proteger a los periodistas y al personal técnico de los equipos periodísticos, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la naturaleza de su labor. “El ejercicio de la profesión periodística, especialmente en la cobertura de eventos y la realización de investigaciones, expone a los comunicadores a riesgos significativos que deben ser mitigados mediante una tutela jurídica adecuada”, subrayó Brügge. El legislador cordobes, recordó varios incidentes recientes que ilustran la gravedad de la situación. Entre ellos, destacó el caso de Néstor Dib, periodista de C5N, quien fue agredido mientras cubría la marcha del 8N en la Plaza de Mayo en 2016, y la amenaza de incendiar a la periodista Sandra Borghi durante una cobertura en la calle Alem. Otros casos mencionados incluyen las agresiones sufridas por Nicolás Wiñazki y su equipo de TN en La Plata, y los ataques a periodistas de Telefe y Canal 26 durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en 2023.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reportó 61 ataques a la prensa en 2023, destacando que las agresiones físicas y amenazas fueron los incidentes más comunes. Este patrón de violencia, según el diputado, socava la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos fundamentales consagrados en diversas declaraciones y pactos internacionales. Brügge también contextualizó la problemática en un marco internacional, mencionando los peligros extremos que enfrentan los periodistas en países como México y Venezuela, donde muchos han perdido la vida.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han enfatizado la importancia de proteger a los comunicadores y sancionar severamente a los responsables de agresiones y asesinatos, para evitar la censura y la autocensura que estas violencias provocan.
El proyecto de ley presentado propone agregar un agravante en el Código Penal de la Nación que aumente en un tercio las penas para los delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones. Este agravante se aplicaría a todos los delitos tipificados en el Código Penal, fortaleciendo así la protección legal de los comunicadores.
Brügge concluyó su presentación solicitando el apoyo de los demás diputados y diputadas para la aprobación de esta importante iniciativa, subrayando que su adopción sería un paso significativo hacia la protección de la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores de la prensa en Argentina. “Es nuestra responsabilidad garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, un pilar fundamental de nuestra democracia”, afirmó.
La sanción de esta ley representaría un avance crucial en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa en el país, enviando un mensaje claro de que la violencia contra los periodistas no será tolerada.
La presentación fue realizada por el abogado Marcelo Peña. La propuesta incluye tanto a hombre como mujeres que apliquen este tipo de métodos extorsivos, para lograr objetivos personales en el fuero de familia.
“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90 % de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que repercuten directamente contra la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que cuando surja inequívocamente una falsedad, en contexto de género y familia, se aplique una pena entre 2 y 4 años” explicó el abogado.
“Pedimos esta pena de 2 a 4 años, porque el Código Penal tiene la esencia de que delitos de esas características, tengan también la posibilidad de que la primera pena que cumpla el progenitor en cuestión, sea condena de ejecución condicional. Hay otros delitos más graves que también permiten prisión en suspenso, con lo cual siempre debe existir la posibilidad de una pena menor a 3 años que es excarcelable”.
“El caso es distinto en una reincidencia. Intentamos que, a través de esta Ley, haya un efecto disuasivo para que se sepa que a partir de ahora puede corresponderle una pena efectiva y no una suspensión de juicio a prueba. El que sentó precedente fue el caso Góngora que en contextos de género y familia se suspende esa posibilidad. Hay casos en el que por falsas denuncias se genera un agravamiento en las condiciones psicológicas del niño, allí no se puede ser contemplativos”, señaló el autor del proyecto.
El letrado indicó que con esto se intenta proteger y ampliar los bienes jurídicos del niño, porque en muchos casos con una falsa denuncia se los somete a distintos procedimientos judiciales (cámara Gesell, terapias, revisaciones médicas) que son extremadamente invasivas y conllevan a una severa afectación psicológica en el menor.
“Cuando el niño tiene 15 años, y tras 4 de no ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psico-emocional difícil de remontar” aseguró Peña que agregó a la Agencia Fueros, que defiende a varios padres en esta situación, denuncias falsas que muchas veces son recomendadas por abogados inescrupulosos que se aprovechan de la situación. “La mentira y el absurdo de la ex mujer de uno de mis defendidos, llegó a tal punto, que dijo haber visto a su hija que estaba siendo manoseada por el padre y que en la misma habitación estaba sacando fotos, una importante figura política. El hecho quedó descartado absolutamente, el padre sigue sin ver a su hija y la madre camina sin problemas. Muchas veces aconsejadas por sus abogados, saben que las penas en caso que la investigación avance y se compruebe una falsa denuncia, son irrisorias”, sentenció el abogado.
El abogado señaló que actualmente la Falsa denuncia tiene una sanción penal muy liviana, de 2 meses a 1 año de prisión en suspenso que pasaría a ser de 2 a 4 años sin posibilidad de realizar una probation.
“Intentamos genera una modificación al Código Penal porque además del sufrimiento del padre o madre y del menor, son miles las horas que pierde el sistema judicial argentino en esta trama que muchas veces tiene un efecto desgarrador para los niños. Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento para litigar en medio de una separación”
Un fallo reciente del Juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de La Plata, obligó al Registro Provincial de las personas a registrar al niño de sexo masculino con el apellido de su madre y de su cónyuge de género no binario.
Según surge del expediente, el primer impedimento que tuvieron Alejandra y Eze, quienes contrajeron matrimonio bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, fue que, a la hora de anotar al niño, una de ellas se había realizado un cambio de sexo en su DNI y pasó de mujer a optar por sexo no binario (padre no biológico).
También fue un obstáculo, que la madre gestante se haya realizado una inseminación con un procedimiento casero, cuando sólo se acepta que el tratamiento sea a través del sistema conocido como TRHA (Técnica de Reproducción Humana Asistida), legislado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo que advirtió a las autoridades del registro un vacío legal al respecto y por ello la negativa a inscribir al menor con el apellido del cónyuge no binario.
Esto provocó innumerables idas y vueltas y según dijo a la Agencia Fueros el abogado patrocinante Arion Guenumil “en principio les permitían que el niño tuviera sólo el apellido de la madre que dio a luz, marcando una clara discriminación por razones de género. También se estaban violando los derechos del niño que a días de haber nacido no podía tener identidad” señaló el letrado.
Tras el amparo presentado por el Dr. Guenumil, la Justicia condenó al Registro a la inscripción registral del menor con los apellidos materno y paterno solicitados
